La agrupación está conformada por representantes de OVO de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, junto con organizaciones de diversos países que luchan por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
A través de un encuentro virtual, se llevó a cabo la primera reunión de la Red Latinoamericana de Observatorios de Violencia Obstétrica (Red OVO LATAM) donde estuvieron presentes representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que participan en Observatorios de Violencia Obstétrica o en agrupaciones que velan por los derechos humanos en el parto.
En la cita, un representante de cada país, contó la situación en que se encuentran con respecto a los derechos del nacimiento, constatando la similitud en los testimonios, teniendo como punto común la sistemática vulneración a los derechos de las mujeres, personas gestantes y sus recién nacidos, lo que se ha ido agravando producto de la pandemia del COVID-19.
América Latina, es una de las regiones con mayor tasa de cesáreas a nivel mundial alcanzando cifras récord en algunos países, que superan con creces la recomendación del 10% al 15% sugerida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además pese a que solo en Argentina y El Salvador existe Ley de Parto Respetado y en países como Venezuela, Uruguay y México existe normativa vigente sobre este tema, aún es muy difícil la visibilización de esta problemática y sobre todo obtener la erradicación de este tipo de violencia de género tan invisibilizado y naturalizado por nuestra sociedad.
Por ejemplo, Violeta Osorio de OVO Argentina, detalló que como Observatorio están acompañando legalmente el primer caso que llevarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Según Osorio, esto es posible “gracias al convenio firmado por nuestro país el 2006, porque en Argentina hay denegación absoluta en esta área, entonces ahora como OVO no solo tenemos que demostrar la sistematicidad de la violencia obstétrica, ni de las secuelas que perduran, si no también la sistematización de la denegación de justicia”.
A su vez, Lara Werner de OVO Brasil, comentó las distinciones raciales que ocurren con este tipo de violencia “en la actualidad estamos teniendo ahora una discusión a raíz del movimiento feminista, porque hay diferencias por la violencia obstétrica sufridas por mujeres blancas comparado con mujeres no blancas”.
Por su parte, desde OVO Chile, Paulina Sánchez, psicóloga y Directora del Observatorio, mencionó la encuesta que se creó, que fue clave en el trabajo que vienen realizando “el principal hito que tuvimos como Observatorio fue el levantamiento de la primera encuesta del nacimiento, con información de 1970 a 2017. Esto nos permitió tener datos y levantar información, además de cumplir el objetivo de mostrar la incidencia en políticas públicas del activismo basado en evidencia en el ámbito social y medios de comunicación”.
También, Gladys Chuchón de AGEMLA-Perú, contó que como país tienen un informe de adjuntía para los derechos de la mujer y agradeció la conformación de esta instancia para ayudarlos con la tarea que se viene en el futuro.
“Este documento que fue redactado por la Defensoría del Pueblo, ratifica que en el Perú la legislación nacional, reconoce la violencia obstétrica como una de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Este informe que hizo la defensoría, ha traído una serie de recomendaciones como la sugerencia de crear un Observatorio de Violencia Obstétrica, por lo que nuestra intención es constituirnos en un mediano tiempo, ya que somos conscientes que un trabajo arduo, donde necesitamos compromiso, por eso está red internacional de OVOS nos ayudará” finalizó.
La agrupación conformada por varias organizaciones feministas, junto con otro tipo de organizaciones que luchan por los derechos en el nacimiento, ya comenzó a trabajar en comisiones, para incidir en el territorio, definiendo acciones concretas y ejes de trabajo que permitan posicionar este tema como una prioridad a nivel de salud y en defensa de los derechos humanos de las mujeres, personas gestantes y sus familias.