Esta tarde el Presidente Gabriel Boric, junto a la Canciller Antonia Urrejola y organizaciones de la sociedad civil, encabezaron un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado de Chile en el caso de F.S., mujer portadora de VIH que, en noviembre de 2002, fue vulnerada al ser esterilizada sin su consentimiento.
Casi 20 años tuvieron que pasar para que el Estado chileno se hiciera cargo de reparar esta violación de derechos humanos ocurrida en el Hospital de Curicó.
El acto formó parte del Acuerdo de Solución Amistosa suscrito entre el Estado y las organizaciones peticionarias del caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Vivo Positivo y el Centro de Derechos Reproductivos.
Durante la ceremonia, el Mandatario pidió disculpas públicas a F.S., conocida como Francisca, quien no estuvo presente de forma presencial. “Duele pensar que el Estado, que hoy día tengo el honor de representar, es responsable de estos casos. Me comprometo ante ti y ante quienes te representan personalmente a que mientras gobernemos vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros para que nunca más se vuelva a repetir algo de estas características, y para que los casos donde ya se han cometido estas atrocidades sean reparados como corresponde”, sostuvo.
Javiera Rossel, Directora Ejecutiva de OVO Chile, organización que fue invitada de manera telemática a la ceremonia, señaló la importancia que tiene para la sociedad civil este tipo de actos de reparación «es muy significativo participar de este evento, donde el Estado de Chile se hace cargo de una violación a los derechos humanos tan grande, como la cometida con Francisca. Es muy doloroso que haya tenido que pasar tanto tiempo para hacernos cargo como país de esta terrible situación, ninguna mujer debe ver vulnerados sus derechos sexuales y reproductivos» dijo.
A su vez Carlo Bravo abogada y Directora de OVO valoró la importancia del consentimiento que cada mujer tiene sobre su cuerpo.
«Las mujeres estamos expuestas constantemente a ser sujetas de discriminación en los servicios de salud, pues se nos suele atender en base a estereotipos de género vinculados a la sexualidad, que luego se perpetúan en las instancias administrativas y judiciales de reclamo, normalizando la anulación de la capacidad de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo» señaló.
Antecedentes
En noviembre del 2002, F.S., mujer portadora de VIH, fue víctima de una esterilización no consentida por personal del Hospital de Curicó durante una cesárea. Posteriormente, sufrió la negativa del sistema judicial de investigar debidamente y sancionar el daño físico y psicológico sufrido, sumándose a ello, la pérdida permanente de su capacidad reproductiva.
El 3 de febrero de 2009, las organizaciones Centro de Derechos Reproductivos y Vivo Positivo presentaron la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado de Chile, donde alegaron la presunta vulneración de una serie de derechos.
El 21 de julio de 2014, la CIDH declaró admisible la petición por presuntas violaciones a los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, protección de la honra y la dignidad, libertad de expresión, protección de la familia, igualdad ante la ley, protección judicial, y los deberes del Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Finalmente, el 3 de agosto de 2021, el Estado y las organizaciones peticionarias suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), con el objetivo otorgar una reparación íntegra a la “Francisca” y su hijo, a partir de trece medidas de reparación de alto impacto, a cargo de los ministerios de Salud, Vivienda, Educación, Mujer y Equidad de Género, Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio Público y Poder Judicial.
Además del acto realizado hoy, las medidas consisten en una reunión privada de disculpas; compensación económica; difusión del acuerdo de solución amistosa; acceso a un subsidio habitacional; beneficios estudiantiles; becas escolares y programas de educación superior; brindar atención de salud integral; difusión de directrices para los servicios de salud sobre esterilización femenina y masculina; campaña de sensibilización para la atención y no discriminación para las personas que viven con el VIH; difusión del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia una vez sea promulgado; aumento de salas de parto de atención integral e instalación de placa conmemorativa; y capacitaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos con enfoque de género.
Todas estas iniciativas fueron diseñadas con un enfoque interseccional, es decir, tomando en cuenta que en la vulneración de los derechos de Francisca concurren diversos factores de discriminación como el ser mujer, tener VIH, estar en situación de pobreza y vive en una zona rural.