Cuando hablamos de violencia gineco-obstétrica (VGO), es fácil pensar en la violencia física en el ámbito del sistema de salud. Sin embargo, quienes trabajan en este tema saben que la VGO va mucho más allá, dejando huellas que a menudo son intangibles pero profundas, que afectan la autoestima, la confianza y la experiencia de parto de las mujeres.
En septiembre de 2004, en Argentina, se promulgó la Ley N° 25.929 [1], que, de manera inédita, conceptualiza el maltrato hacia mujeres y bebés durante el proceso de gestación, parto y posparto, y establece sanciones para quienes ejerzan estas prácticas.
Por primera vez, el maltrato en la atención del parto comenzaba a ser reconocido.
¿Qué entendemos por violencia obstétrica?
La violencia obstétrica (VO) es una forma de violencia y, por consiguiente, una violación de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres que ocurre durante el embarazo, el parto y el posparto, y que va mucho más allá de la violencia física.
Se caracteriza por un trato deshumanizado, abuso de la medicalización o de la patologización de procesos biológicos por parte de profesionales, técnicos y personal administrativo en instituciones de salud. Estas conductas están profundamente arraigadas en la práctica clínica diaria, tanto en hospitales públicos con instalaciones precarias y formación profesional deficiente como en instituciones privadas donde, a pesar de las elegantes instalaciones, muchas veces se intenta maquillar un trato deficiente con una sonrisa amable.
Parte de los tratos normalizados en la atención incluye el maltrato físico y psicológico, la omisión de alternativas terapéuticas, la sobreintervención, la medicalización innecesaria de procesos fisiológicos y la falta de consentimiento informado, entre otros, todos ellos profundamente naturalizados en el sistema de salud.
Violencia que trasciende el parto
Un estudio de la Universidad de Talca del año 2023 reveló que el 80% de las mujeres encuestadas declaran haber recibido un trato violento durante el parto y de ellas el 67% lo vincula también a atenciones ginecológicas [2].
Las mujeres han vivido históricamente la invisibilización de sus síntomas y dolores, y esto no es exclusivo del parto. También afecta otras etapas de la vida, como el subtratamiento de los síntomas perimenopáusicos, la inserción de dispositivos intrauterinos sin analgesia, técnicas de screening como la mamografía o el uso del espéculo vaginal, la normalización del dolor producido por la endometriosis y la adenomiosis, el abordaje de la fertilidad asistida o el tratamiento deshumanizado del aborto, entre muchas otras situaciones. Por ello, es importante ampliar el concepto a la violencia ginecológica (VGO).
Trabajando en la reactivación de la Ley Adriana
En junio de 2024, Chile avanzó en la legislación sobre VGO con la promulgación de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En su artículo 6, se menciona de manera explícita que la violencia gineco-obstétrica constituye violencia de género.
Sin embargo, desde hace dos años permanece en el Parlamento el Proyecto de Ley Adriana, encabezado por la exdiputada Claudia Mix, que hoy carece de apoyo suficiente en el Senado y la Cámara de Diputados, lo que continúa dejando a las mujeres expuestas a maltratos y a experiencias de atención que se alejan de los estándares que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS), independientemente del nivel de desarrollo del país.
Esperamos que el nuevo impulso a la natalidad en Chile también sirva de antesala para la promulgación de la Ley Adriana [3].
Carolina González García
Matrona
Directora de Fundación OVO Chile
Directora de @gestaryparir
