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Ley de parto respetado se aprueba en la Cámara y pasa al Senado

Con 101 votos a favor, 43 en contra y 4 abstenciones, se aprobó en la cámara el proyecto de Ley Adriana, que establece derechos para las personas gestantes y sanciona la violencia ginecobstétrica. De esta forma, la iniciativa lanzada en octubre de 2018 pasará al Senado para su próximo trámite parlamentario.

Nacido y trabajado en conjunto con más de una veitena de organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Mesa de Parto Respetado, el proyecto que abarca el “Ámbito de la Gestación, Preparto, Parto, Postparto, Aborto, Salud Sexual y Reproductiva, y Sanciona la Violencia Ginecobstétrica”, busca resguardar a las mujeres y personas gestantes en el proceso de parto, asegurando los derechos de cuidados a las mujeres y a los recién nacidos.

En su intervención la diputada y la autora del proyecto Claudia Mix, hizo referencia al reconocimiento de la violencia obstétrica como parte de la violación a los derechos humanos que históricamente han sufrido las mujeres y quienes tienen en su vientre la capacidad de gestar.

“Si bien en las últimas décadas se ha evidenciado una mayor preocupación por la violencia de género, en este caso vemos que las prácticas abusivas persisten en relación a la atención médica de las personas gestantes y aquello se refleja, por ejemplo, en la alerta que se ha puesto en las altas tasas de cesáreas en Chile, que suman y siguen en la actualidad sin freno. Esta violencia se agudiza cuando se trata de mujeres en situación de vulnerabilidad, quienes mayormente se han visto discriminadas, violentadas, acalladas y no consideradas en las decisiones producto de su posición social y nivel educacional. Lo mismo ocurre con las mujeres más jóvenes y adolescentes gestantes, quienes acusan en mayor grado ser discriminadas producto de prejuicios patriarcales y el inicio de su actividad sexual”, señaló la diputada Mix. 

Carla Bravo, abogada del Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO Chile) y representante de la mesa de parto respetado, señaló «como sociedad civil creemos que es un gran avance para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Sabemos que aún falta mucho camino, y que una ley no es la solución a todos los problemas sociales, sin embargo, es sin duda un piso necesario para empujar los cambios que necesitamos. A diferencia de lo que señalaron algunos parlamentarios, esta es una ley para todas las mujeres y personas gestantes, y es francamente lamentable que se malinterprete su misión. No es ideología de género, es sentido común».

Este proyecto busca cambiar un paradigma instaurado en la cultura médica y en general en la atención de salud que reciben las personas gestantes en el país. Aborda desde una perspectiva de derechos el proceso del nacimiento, dando garantías de reparación física y mental a quienes hayan sido víctimas de este tipo de violencia. Asimismo, incorpora el enfoque de género, Derechos Humanos y salud mental perinatal en la formación de los profesionales de la salud para entregar más herramientas e información a las mujeres y personas gestantes, entre otros aspectos fundamentales para avanzar en esta materia.

El Proyecto de Ley Adriana surgió luego del caso de Adriana Palacios, quien, en 2017 en la localidad de Alto Hospicio, sufriera violencia obstétrica y una serie de negligencias médicas que provocaron que su hija, Trinidad, naciera sin vida. La visibilización de este caso, en el que el recinto de salud involucrado no prestó ayuda a Adriana ni a su hija, fue una de las motivaciones de esta ley. 

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