Desde la Red Internacional de Observatorios de Violencia Obstétrica, conformada por los OVO de Argentina, Chile, Colombia, España y Francia, y como resultado del trabajo conjunto y la puesta en común de información y datos recabados en cada país hasta el momento, declaramos que:
- La Violencia Obstétrica (VO) representa un alarmante y generalizado problema de salud pública a nivel mundial que implica altos índices de intervención y medicalización rutinaria que incluye maltrato físico y verbal, y que es ejercida indistintamente de ámbitos público y privado, nivel socioeconómico o cultural, religión, etnia y orientación sexual e identidad de género.
- Este flagelo es una grave violación a los Derechos Humanos, dado que la mujer no es reconocida como sujeta de derechos y es socavada su autonomía y soberanía sobre su cuerpo y sus procesos sexuales y reproductivos, de igual forma que atenta contra su potestad en las decisiones en torno el bienestar de sus bebés. Se trata probablemente de una de las formas de violencia hacia las mujeres más naturalizada e invisibilizada que existe.
- Es pertinente resaltar que nos encontramos frente a un sistema hegemónico de salud que ejerce violencia institucional de forma generalizada y en diversas manifestaciones hacia sus usuarias/os y profesionales, particularmente en la atención de los procesos reproductivos de las mujeres.
- En la atención de estos procesos se espera el cumplimiento de procedimientos básicos y mínimos basados en las recomendaciones de la OMS y FIGO. Sin embargo, estas recomendaciones no se llevan a cabo y los procedimientos quedan a criterio de un equipo médico que, por desconocimiento o decisión deliberada, no las implementa en los protocolos de atención. Estos procedimientos cuentan con poco o ningún control por parte de los Estados y además implican graves perjuicios al bienestar emocional y físico de la mujer y su bebé y su vínculo inicial.
- Paralelamente se encuentran iniciativas que proponen el seguimiento a estas orientaciones y recomendaciones, pero infortunadamente se observa que muchas de ellas han encontrado en el “Parto Respetado” una mercancía y no un ejercicio de derechos, por lo que el acceso a los mismos queda supeditado al poder adquisitivo de las familias.
- Frente a esta sensible problemática los gobiernos no optan por la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, particularmente de las mujeres, y por el contrario precarizan el sistema de salud y las condiciones de atención, generándose una complicidad en el ejercicio de esta violencia.
Como Red Internacional reiteramos nuestro compromiso y trabajo conjunto por la visibilización y erradicación de este tipo de violencia, así como por un acceso equitativo a derechos en la atención segura, digna, idónea y de calidad de estos procesos.
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